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La plataforma calcula que recuperar el HUBU costaría entre 600 y 900 millones de euros

Sanidad Pública Sí entrega un informe a la comisión de investigación de las Cortes

  • Miembros de la plataforma entregan entregan el informe a Salvador Cruz, a la izquierda, y al procurador del PP Ángel Ibáñez. - ICAL
    Miembros de la plataforma entregan entregan el informe a Salvador Cruz, a la izquierda, y al procurador del PP Ángel Ibáñez. – ICAL

02/12/2015

Representantes por la Sanidad Pública de Burgos animaron ayer a los procuradores que forman parte de la comisión de investigación sobre el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) a «alumbrar» a la Junta de Castilla y León para que rescate el centro y sea público por entender que la gestión sería más barata que la actual fórmula concesional. La Plataforma estima un «sobrecoste» final de 800 millones de euros, conforme a que se ha pasado de 1.010 a los actuales 1.667, y entiende que el rescate puede estar entre los 600 y 900 millones de euros, en función de cómo se negocie con la concesionaria en relación al cumplimiento del contrato, si bien considera que no hay voluntad de la Junta en recuperar el Hospital.

Miembros de la Plataforma, contraria al sistema de concesión del hospital burgalés, se desplazaron a las Cortes para entregar, primero al presidente de la comisión, Salvador Cruz (PP), y después a los grupos de la oposición, con quienes comparecieron en una rueda de prensa, el ‘Informe básico para la recuperación del HUBU’, un estudio sobre las circunstancias y el funcionamiento del citado centro hospitalario elaborado por esta plataforma que, según PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, será una «pieza central» en la investigación parlamentaria.

Juan Antonio Ayllón y Pedro Pablo Oyagüez, editores del informe, valoraron que la lucha iniciada en 2013 por la Plataforma para el rescate del hospital haya llegado a las Cortes con la creación de una comisión de investigación que vieron como una «gran esperanza y punto de inflexión» para esclarecer el proceso de adjudicación, contrucción y funcionamiento del centro, depurar responsabilidades si las hubiera y, como último fin, la recuperación del HUBU para la sanidad pública.

Ayllón manifestó que cada año hay un «extra» de 40 millones de euros para el HUBU que se dejan de invertir en otros lugares y «se resiente» la sanidad pública de Castilla y León. Además, detalló que el informe recoge el contrato de concesión, el proceso de licitación y adjudicaión, el coste con los modificados y sobrecostes, la explotación y las vías para la recuperación del complejo hospitalario.

«Es un edificio muy mal construido, fatalmente construido, hay cosas que no se comparecen con el proyecto aprobado: es un edificio nuevo con una patología vieja que no dura 30 años», valoró Ayllón, en referencia al tiempo de concesión. En el informe se recoge que el coste inicial de construcción, equipamiento y explotación de los servicios no sanitarios era de 1.010 millones de euros en los 30 de vigencia del contrato, de los que 242 iban dedicados a la construcción y equipamiento, si bien el coste de la operación a día de hoy, con cuatro modificados, llega a 1.667 millones.

Por su parte, Pedro Pablo Oyagüez explicó que existen tres vías para su rescate: el incumplimiento del contrato por la concesionaria, el mutuo acuerdo entre las partes y a iniciativa propia de la Junta. Así, consideró que la primera sería la más favorable con una tasación de la obra civil y su pago, mientras que la tercera sería la menos por que habría que valorar el lucro cesante.

Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), Manuel Mitadiel (Ciudadanos) y José Sarrión (IU), presentes en la rueda de prensa, calificaron de «magnífico» el informe elaborado por la Plataforma y estimaron que ese texto así como sus artífices deben ser los «verdaderos protagonistas» de la comisión de investigación. Tudanca se mostró reconfortado en que la «lucha política y personal», como burgalés, haya cuajado en una investigación parlamentaria y culpó a la Junta de escoger el modelo de concesión público privada para la construcción más que a las empresas, de un complejo que ve «plagado de irregularidades».

Fuente: Correo de Burgos

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